La Corte Suprema de Florida ha confirmado la inclusión de una advertencia sobre los riesgos financieros como parte de una pregunta en la boleta electoral estatal que podría convertir el aborto en un derecho constitucional en el Estado del Sol.
El tribunal más alto de Florida falló el miércoles por 6 a 1 en el caso Floridians Protecting Freedom, Inc., et al v. Kathleen C. Passidomo, et al que la declaración de impacto financiero podría permanecer, a pesar de las objeciones de un grupo pro-elección.
La declaración revisada dice que si la enmienda propuesta en la boleta electoral de noviembre se aprueba, “resultaría en significativamente más abortos y menos nacimientos vivos por año en Florida”.
“El aumento de los abortos podría ser aún mayor si la enmienda invalida las leyes que exigen el consentimiento de los padres antes de que las menores se sometan a abortos y las que garantizan que sólo los médicos autorizados realicen abortos”, continúa la declaración.
“Un aumento de los abortos puede afectar negativamente el crecimiento de los ingresos estatales y locales a lo largo del tiempo. Debido a que el impacto fiscal del aumento de los abortos en los ingresos y los costos estatales y locales no se puede estimar con precisión, el impacto total de la enmienda propuesta es indeterminado”.
El presidente de la Corte Suprema Carlos G. Muñiz, designado por el gobernador republicano Ron DeSantis, fue el autor de la opinión mayoritaria y escribió que los demandantes “participaron activamente en el proceso de la Conferencia de Estimación que ahora impugnan, sin cuestionar ni objetar la autoridad de la Conferencia para emitir una declaración de impacto financiero revisada por iniciativa propia”.
“El expediente demuestra que quienes participaron en el proceso de revisión de la Conferencia de Estimación, incluidos los peticionarios, entendieron que la Conferencia estaba actuando por iniciativa propia”, continuó Muñiz.
El juez Jorge Labarga, designado por el ex gobernador demócrata Charlie Crist, redactó una opinión disidente, en la que escribió que “no se debe impedir que los peticionarios reclamen una reparación extraordinaria”.
“Como patrocinador de la enmienda, Floridians Protecting Freedom tenía derecho a contribuir al proceso de reconsideración y revisión de la declaración de impacto financiero”, escribió Labarga.
“Si los peticionarios no hubieran participado en el proceso, habrían perdido su oportunidad de participar y potencialmente influir en el producto final. Debido a que participaron, ahora se los penaliza y sus argumentos se consideran renunciados o anulados”.
Labarga cree que “la decisión de hoy tiene implicaciones significativas más allá de la enmienda propuesta y la declaración de impacto financiero relacionada”.
“A pesar del enfoque de la mayoría en las acciones de la Conferencia de Estimación, no se equivoquen: la decisión de hoy abre la puerta a la dirección de la rama legislativa para intervenir en el proceso de enmienda constitucional impulsado por los ciudadanos, incluso en medio de procedimientos legales en curso como los que se estaban llevando a cabo aquí”, continuó.
Liberty Counsel, una organización legal conservadora cristiana con sede en Florida, elogió al tribunal por mantener la advertencia en la boleta, creyendo que los votantes deben ser conscientes de las amplias ramificaciones reportadas de la enmienda propuesta.
“Los votantes deben comprender que la Enmienda 4 no solo permitirá el aborto hasta el nacimiento por cualquier motivo, sino que obligará a los floridanos a pagar por el aborto y colocará a las mujeres en un riesgo extremo al anular todos los estándares de salud y seguridad”, dijo el presidente de Liberty Counsel, Mat Staver.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Florida denunció el fallo, creyendo que la inclusión de la declaración de advertencia financiera era antidemocrática.
“Esta decisión, que permite que se mantenga una declaración de impacto financiero no autorizada e ilegal, es una afrenta directa a los derechos de los votantes de Florida, que merecen información precisa y legal al tomar decisiones sobre enmiendas constitucionales”, dijo Michelle Morton, abogada de la ACLU de Florida, en una declaración.
“Estamos descorazonados por la negativa de la Corte Suprema de Florida a tomar medidas contra la politización por parte del Estado de estas declaraciones de impacto financiero y la flagrante omisión de las salvaguardas judiciales que se supone que protegen la integridad de nuestro proceso electoral”.